En los rincones más singulares de nuestra provincia, donde los paisajes se llenan de montañas, campos y pequeños municipios, el acceso a la justicia se convierte, en muchas ocasiones, en un desafío silencioso. Para quienes habitan las áreas rurales, ejercer ciertos derechos, o incluso informarse sobre las litigiosidades económicas y jurídicas que son propias de la cotidianidad, no siempre es una cuestión de voluntad.
En multitud de los pueblos de la provincia, encontrar un adecuado intérprete del Derecho y la Hacienda constituye una espinosa tarea. La mayoría de estos profesionales prefieren establecerse en áreas urbanas, donde existe una mayor densidad de población y, con ella, un número mayor de clientes potenciales.
Galicia es una de las comunidades autónomas con la población más envejecida de España (según los últimos datos, más del 30% de la población gallega tiene 65 o más años), y esta situación se acentúa en las zonas rurales. Muchos de los mayores viven en soledad, o desconocen los procedimientos legales, ya sea por falta de información o por la complejidad del sistema. Paradójicamente, los más necesitados de un entendido en la materia, los que requieren de un sistema jurídico sólido, son ellos, que albergan todo tipo de dudas, derivadas de una brecha digital que implican que estén menos formados y tengan un pobre acceso a información jurídica.
Cuando se me brinda la oportunidad de publicar un escrito, pretendo poner de manifiesto que la fusión entre la urbe y el rural nos puede convertir en los mejores. Es por ello que, además de proteger a la población envejecida, un aparato judicial consistente debe apoyar la explotación de bellos minifundios y latifundios, la producción de las mejores materias primas, e incluso la promoción de estos productos por medio de los mejores servicios. Si se pretende crecer, los prácticos en derecho tienen una oportunidad en la zona rural, formando una excelente simbiosis para la mejoría.
Debido a que el éxodo rural priva a los pequeños municipios (y no tan pequeños) del acceso a sólidos operadores jurídicos y económicos, una propuesta innovadora consistiría en establecer un sistema de gestores judiciales locales, a través de la creación de un cupo determinado de gestores judiciales o abogados rurales que asignarían por cada pueblo o conjunto de pueblos cercanos. Profesionales del derecho con formación específica en los trámites y procesos legales básicos (y centrados en la investigación de formas de crecimiento de estas áreas), actuando a través de tarifas reguladas. Por supuesto, otra de las opciones es aumentar los incentivos a la estabilización de profesionales en la materia en las zonas referidas.
En Galicia, donde las aldeas resisten al paso del tiempo y la población envejecida guarda la memoria de generaciones, garantizar el acceso a la justicia no es solo una cuestión técnica o administrativa. Es un acto de dignidad.
Por Luis V.D.
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